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viernes, 29 enero 2010 / Publicado en Sin categoría

Por qué no el Defensor del Pueblo

Por estos días, tras idas y venidas dentro del propio partido de gobierno y algunas diferencias entre la actual conducción del Dr. Tabaré Vázquez y la ya electa para sucederle, que encabezará José Mujica, se acaban de aprobar los lineamientos generales para la proyectada descentralización.
Esto supone, que en el interior habrá una especie de gobiernos locales, con mayor relevancia y más atribuciones que las junta locales, cuya función ha sido más honorífica que otra cosa.
Honestamente creemos que una Junta Local, encabezada por un alcalde, o como quiera llamársele – hay algunas al menos que cuentan con secretarios rentados – la instalación de estos gobiernos locales puede ser una avance significativo para resolver la problemática local, muchas veces seriamente amenazada por la burocracia que impide o endentece al menos notoriamente la concreción a veces de soluciones prácticas y sencillas, pero muy importantes para los habitantes de estos lugares.
Entendemos que es un paso más hacia la participación efectiva de la ciudadanía en el gobierno de las localidades en las que viven.
En la misma línea, creemos que sería muy interesante llegar a establecer a nivel departamental la figura de Defensor del Pueblo, también conocida como “ombusdman”.
En Montevideo funciona desde hace ya algunos años y tenemos entendido que hay conformidad con  su labor, que sustancialmente consiste en sustanciar reclamos de vecinos y averiguar concretamente por algunos problemas, sobre todo del ámbito del gobierno departamental, que muchas veces quedan sin respuesta o se pierden en la burocracia.
Entendemos que un “Defensor del Pueblo”, elegido por el órgano legislativo departamental, por una mayoría especial, facilitaría incluso la labor de este órgano, que muchas veces debe de sacrificar parte de su valioso tiempo para enfrascarse en la problemática vecinal, que consiste más que nada en gestiones directas ante la Intendencia Municipal.
El tema pasa por las atribuciones que se le otorguen al Defensor del Pueblo, para que realmente pueda llevar adelante una función eficiente y el respaldo que obviamente alcance de la propia Junta Departamental, de la que en alguna medida recibiría el mandato.
Siempre es bueno que haya este tipo de controles y a su vez de receptores neutrales de las inquietudes de la población, que muchas veces no es partidaria de hacer los planteamientos directamente ante el gobernante, por amistad, por algún tipo de vinculación o simplemente por temor a “represalias”.
De allí que un buen gobierno municipal debería de ser el más interesado en tener este tipo de colaboradores que le ayudaría a satisfacer las necesidades de los sectores más necesitados.

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