Una de las principales causas de la conflictividad que se anuncia para el presente período de gobierno, radica en el hecho de que el gobierno nacional no parece dispuesto a conceder ajustes salariales acordes a la inflación, vale decir que sólo permitirían mantener la capacidad de compra de los asalariados, sin mejora alguna en su situación.
Sin embargo el aumento en las tarifas de la energía eléctrica, ya en vigencia, no sólo alcanzó sino que superó el porcentaje de inflación del año anterior, bordeando el 10 por ciento.
Esto es difícil de entender. ¿Será que el gobierno supone que los trabajadores están dispuestos a perder de buenas a primera aún lo que han conquistado en los últimos años?
La energía es una herramienta esencial y su influencia en el costo de vida en general es innegable, al punto que todos los años cuando el gobierno necesita impedir que la inflación alcance los dos dígitos, lo que hace es poner en vigencia planes de energía que suponen una rebaja en las tarifas y de esta manera en el último mes del año la incidencia es a la baja.
Ahora bien. Lo más justo en el caso de las tarifas de las empresas públicas es que el reajuste por lo menos no sea superior a la inflación ni menos al índice de reajuste salarial.
Un mínimo de organización supone que las empresas públicas habrán de aplicar un criterio similar a la hora de reajustar tarifas, por lo tanto, significaría que todas, agua, telefonía, energía y demás serán ajustadas por encima de la inflación, mientras que se pretende que los salarios lo sean por debajo de la misma.
Cualquiera puede notar que esta situación será conflictiva y nadie puede dudar a quién le asistiría razón.
El manejo de las empresas públicas es un tema muy sensible a la población, por el simple hecho de que nadie con un mínimo nivel de vida puede prescindir de estos servicios esenciales.
No negamos la necesidad de que dichas empresas contemplen algunas situaciones puntuales, como lo es la originada por la reciente crecida del río Uruguay. Sin embargo, no pueden estas empresas perder de vista que su presupuesto lo pagamos todos los uruguayos y por lo tanto tan importante como es contemplar algunas situaciones de marginamiento, es también no castigar excesivamente al resto de la población innecesariamente.
No nos duelen prendas políticas en este ni en ningún tema. Sencillamente pretendemos puntualizar aspectos que consideramos errados y lo haremos en cualquier momento y bajo gobierno de cualquier signo si es que consideramos oportuno hacerlo.
Alberto Rodríguez Díaz
