Gustavo Chiriff dijo que plantear un mínimo en las cuotas fue para que los convenios sean viables
La resolución del Congreso Nacional de Intendentes adoptada el pasado miércoles con respecto a la refinanciación de adeudos de las patentes de rodados, trajo aparejado una expectativa importante entre la población, debido a que existe un alto porcentaje de morosidad en esta área.
Tras la publicación de EL PUEBLO, acerca de que el gobierno local llevó entre sus propuestas incrementar los recargos a los malos pagadores una vez hecho los convenios, desde la comuna se expresó que tal propuesta no existió. Aunque lo que sí hubo fue una negación a realizar amnistías, porque consideraban que se estaba dando una mala señal desde la administración a los buenos pagadores.
Empero, para explicar los alcances de lo acordado y aclarar cuál fue la propuesta de la comuna, el director de Hacienda y Presupuesto se comunicó con EL PUEBLO para dar a conocer la posición de la Intendencia de Salto en este complejo e importante tema. 
CONSENSO
“La postura de Salto fue la de llegar a un consenso dentro del Congreso de Intendentes para que no haya una posición dividida ya que creímos eso sería un antecedente muy malo. Eso fue lo que nos planteamos porque no queremos que caiga esta herramienta importante que es el Sucive y no reeditar aquello de que cada Intendencia tomara sus decisiones, porque además ha generado que la Intendencia recaude más por concepto de patente y hasta estábamos dispuestos a ceder en algunas cosas para ganar espacio en el consenso”, declaró Chiriff.
A su vez reconoció que el planteo de llegar a refinanciar hasta en 60 cuotas la morosidad era algo “excesivo” y en ese aspecto no transaron en que esa misma cantidad de cuotas fuera fijada para la refinanciación de Multas de tránsito. “Eso no lo llevábamos, tampoco lo hicieron otras intendencias y por eso al final se sacó de la negociación antes de tomar una resolución, porque en el seno del Congreso no se debate nada, se propone lo que traen ya las bancadas, en nuestro caso con los intendentes frenteamplistas”, añadió.
Dijo que “hubo un punto que fue fundamental, y es que a pesar de los convenios a los que podemos arribar si no se hace una fiscalización, los convenios fracasan, el que se hizo en el 2016 tuvo un alto porcentaje de fracaso porque no hubo seguimiento de los planes que se realizaron, por eso planteamos que en este nuevo plan debe haber un alto componente de fiscalización para cumplir”.
El jerarca dijo que quería “remarcar que la Intendencia de Salto nunca propuso una tasa de interés para los recargos, nunca lo propusimos. Pero sí la bancada de intendentes blancos que había propuesto que se impusiera un recargo por única vez, mientras que la bancada de intendentes del Frente Amplio planteó que se ajustara la deuda por IPC y luego se pusiera un recargo. No fue la Intendencia de Salto la que llevó propuesta alguna de plantear recargos a las patentes atrasadas, eso no fue así”.
Admitió que “además cuando llegamos al plenario, ya vamos con los acuerdos previos, ahí solamente se vota. Los negociadores por el Frente Amplio fueron los intendentes Yamandú Orsi de Canelones y Guillermo Caraballo de Paysandú, y por los intendentes blancos el referente fue el intendente de San José, José Luis Falero”.
Gustavo Chiriff aclaró que “el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, tampoco fue con ninguna medida radical, sino que fue dispuesto a la negociación”.
Chiriff dijo que analizando la situación con directores de Hacienda de otros departamentos concluyeron que en realidad esto no le va a aportar mucho a las intendencias, en materia de recaudación, sino que lo que va a hacer es lograr regularizar las cosas, si se cumple con la fiscalización, algo que si se cumple el plan acordado, a partir del 1º de agosto de este año ya se empieza con la fiscalización”.
REFINANCIACIÓN
El director de Hacienda de la Intendencia de Salto explicó que “luego de haber sido aprobado el plan de refinanciación para los deudores de patentes, ahora el proyecto debe pasar por las juntas departamentales de cada departamento, nosotros estamos planteando que antes de junio esto pase por cada departamento para que en un plazo de 60 días la gente pueda acogerse a este plan y después empieza la fiscalización”.
Aclaró que a los deudores se les ajusta la deuda por IPC, se les hace un recargo del 5% y se puede hacer convenio para pagar hasta en 60 cuotas, donde el valor mínimo de la cuota son 130 unidades indexadas, aproximadamente 500 pesos.
“Es un valor mínimo que se les puso a la cuota, y eso sí lo propuso Salto y Paysandú, porque sino se hacen 60 cuotas de 50 pesos que muchas veces sabemos que eso es inviable”.
