En realidad, pocas o mejor dicho ninguna Junta Departamental de nuestro país puede decir que cumple a carta cabal el mandato constitucional de que sus ediles integrantes son honorarios.
Aún en el caso de los suplentes tienen sus prebendas que exceden lo que el constituyente concedió, como patente de un vehículo a su nombre. Pase libre en el transporte público y libre acceso a los espectáculos públicos.
Vale de nafta, viáticos sin rendir cuentas, computadoras personales, cargas de celulares y otras formas subrepticias de retribución son usuales en el ámbito legislativo departamental y conste que no hablamos de ninguna Junta Departamental en particular, sino que hablamos de la generalidad de ellas.
Es más, una de las primeras críticas que formulamos al sistema de las alcaldías puesto en práctica en la presente legislatura nacional, estuvimos que una de las contradicciones consiste en el hecho de remunerar, con un buen sueldo al Alcalde y disponer que ninguno de los concejales recibiera pago después.
Y conste, que tal como hemos dicho esto, entendemos que la función en carácter honorario, o mejor dicho gratuito, hoy ya no es posible, porque atenta contra el propio sistema democrático.
Si bien es cierto que quienes acceden a estos cargos de legisladores departamentales lo hacen sabiendo de antemano que se trata de una función honoraria. Una cosa es sencillamente ocupar la banca y otra usarla como corresponde, para la función de atender las inquietudes de la población y tratar de mejorar las condiciones de la ciudad y de sus habitantes, sin que prácticamente se tenga que pagar, en dinero de su peculio o en tiempo que se resta a sus ocupaciones particulares, para desempeñar la función.
Vale decir que estamos ante una incongruencia. Prácticamente todos los partidos políticos o la absoluta mayoría de ellos, comparte que hoy ya no tiene sentido el carácter de honorario de los ediles, pero no han logrado consenso para realizar la reforma constitucional correspondiente.
Seguramente que de saber que se trata de cargos remunerados, volvería más atractivo el presentarse como aspirantes a ellos a personas que actualmente lo descartan, debido a que sus ocupaciones particulares, que les sirven como medio de subsistencia, no se lo permiten.
Con una remuneración justa y equitativa, estaríamos favoreciendo la democracia y permitiendo que entre los candidatos a ediles tuviéramos gente capacitada, preparada y con credenciales suficientes como para un buen desempeño.
Será mejor para todos y no violará la madre de las leyes, como es la Constitución de la República.
