A nivel de funcionarios públicos, y también de algunas instituciones privadas, la denominada cultura del secreto sigue rigiendo en todo momento.
Esto es, el funcionario sabe que si habla, comenta o informa aún inconscientemente, en algún tipo de descuido, la información puede traerle consecuencias no deseadas, simplemente como represalia.
Es más, es sabido que a determinado nivel de los funcionarios públicos, existen reglamentos que les impiden informar o al menos así se aduce.
Hoy CAINFO (Centro de Acceso a la Información Pública), constituye una formidable herramienta en la gestión de la información que hasta el momento se consideraba como de manejo privado.
Hay instituciones que siguen considerándose «dueñas» de la información, que en realidad pertenece a todos y debe ser puesta a disposición de todos.
Felizmente hoy a través de la informática y en particular de Internet, se puede acceder a información que anteriormente era reservada o confidencial.
La ley que estableció el derecho al acceso a la información pública, prevé el derecho de las instituciones y organismos a mantener bajo secreto a la información confidencial, siempre y cuando esta realmente pueda demostrarse, de acuerdo a condiciones específicamente establecidas, que tiene este carácter y así haya sido planteado, antes de su demanda informativa.
Caminar en esta dirección, puede considerarse una complicación, cuando se registra determinado «abuso» en la demanda informativa, que seguramente deberá establecerse bajo determinados requisitos, dado que en caso contrario el Estado corre riesgo de verse «maniatado» en su funcionamiento para atender esta exigencia legal.
Cualquier ciudadano puede demandar la información (tampoco se limita el número de pedidos de información) y la institución estatal tiene plazo específico para responder.
Compartimos la visión de CAINFO, al sostener que el Acceso a la Información Pública sirve para
-transparentar y mejorar la gestión pública.
-Para fortalecer la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos
-Para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos y mejorar la calidad de nuestras instituciones a través de un debate público, más y mejor informado.
Como inicio quieren las cosas, creemos que es el camino correcto, si bien las atribuciones que ha otorgado la ley son tan amplias que seguramente deberán ser revisadas.
