Siempre hemos sostenido que las generalizaciones encierran un aspecto injusto. Es así que consideramos errado decir por ejemplo que todos los policías, son corruptos, lo mismo si habláramos de políticos, de abogados, de periodistas y demás.
No significa que ignoremos las excepciones y los índices que existen en la materia, pero bastaría con que alguien obrara en forma diferente (y felizmente sigue habiendo muchas personas que así lo hacen), para cometer una injusticia.
No escapa a esta mirada la situación que padecen las familias con integrantes de uno y del otro lado del río. Tenemos entendido que cuando la frontera no tiene un elemento físico destacado, como puede ser un rio, un mar, una cordillera, se han adoptado medidas excepcionales y entendemos que acertadamente, considerando que se trata de ciudades “bi nacionales”.
Hay que tener en cuenta que un puente no debe separarnos, sino unirnos y en el caso que nos ocupa hoy es todo lo contrario. Hay familias integradas por uruguayos y argentinos que periódicamente se visitaban y compartían y hoy ya no lo pueden hacer.
Esta es la situación que lleva ya más de año y medio. A la que se ha sumado una grave dolencia de uno de los integrantes de la familia de la que hablamos.
Hay que tener en cuenta que no se trata de personas que esperan beneficiarse del cambio monetario. No son turistas. No son desconocidos diríamos y han agotado las gestiones ante todas las autoridades que tienen que ver en el tema y nadie les ha dado respuesta.
Entendemos que se trata de una gran injusticia. Lo que plantean es una situación humanitaria, de poder pasar el puente para visitar a un familiar enfermo y reencontrarse con la familia.
Cuantas veces hemos escuchado sostener que los puentes no se construyen para separar, sino para unir, para integrarnos y no es lo que está pasando precisamente.
A esto hay que súmarle el hecho vergonzoso de que se vuelve un tema económico. La frontera no está cerrada, pero quien quiera viajar al otro lado. Debe presentar un examen (cuyo costo – Uruguay lo cobra en dólares – y deberá asumir) con menos de tres días de efectuado y reiterado siete días después.
Esta exigencia debe de cumplirla al entrar a la Argentina y al volver al Uruguay.
¡De no creer!
El Estado uruguayo no puede responder con un silencio en estos casos que consideramos excepcionales y para que se entienda claramente, si el costo es el impedimento, debería asumirlo el Estado.
A.R.D