Ante el conflicto que la administración de gobierno departamental viene manteniendo con el sindicato ADEOMS, donde hay cruces y miradas de todo tipo, el fuego cruzado no cesa, y en medio de un paro convocado a golpe y porrazo ayer por la mañana por parte del sindicato, las autoridades comunales salieron a dar su versión sobre la situación.
Ayer el intendente Manuel Barreiro, quien estuvo acompañado por la secretaria general de la comuna, Cecilia Eguiluz, la subdirectora de Gestión Humana, Mónica Rodríguez y el asesor legal, Fulvio Gutiérrez, aseveró que la Administración que ahora él encabeza “está decidida a tomar todas las medidas necesarias, dentro de la Constitución de la República”, enfatizando que “no hará nada fuera de la ley”.
Señaló por su parte que “adoptó las medidas destinadas a que la población, que es la que mantiene el funcionamiento de la Intendencia con sus recursos, reciba los servicios adecuadamente”. Lo dijo en conferencia de prensa citada con carácter urgente ayer por la mañana para informar sobre lo que él definió como una “detención de actividades” por parte de funcionarios de la Unidad de Recolección “los que fueron apañados por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS). No se puede hablar de paro laboral porque no siguieron los procedimientos formales y legales, que esto exige como lo es comunicar por escrito la realización de la medida”, agregó el jefe comunal.
Barreiro dijo que el argumento para la movilización de ayer de la gremial era “el nombramiento de nuevos funcionarios zafrales en el área de Recolección y barrido, que según manifestaron directivos de ADEOMS viola un supuesto acuerdo firmado con el exintendente Germán Coutinho, mediante el cual se comprometió a no ingresar más funcionarios”.
“Esto es absolutamente falso”, indicó Barreiro. “No existe documento escrito, ni firmado que diga que no se designarán más funcionarios. Solo un acuerdo que mientras Coutinho estuviese al frente de la Intendencia, no designaría nuevos funcionarios. Actualmente Coutinho ya no es jefe del gobierno departamental y éste intendente”, dijo refiriéndose en primera persona, “asume toda la responsabilidad de los actos y medidas tomadas” en este momento, afirmó. Agregó que desde el punto de vista legal, la designación de nuevos funcionarios es una potestad constitucional que tiene el intendente, tal como lo expresa el Artículo 275 del Capítulo 4º de la Carta Magna.
En cuanto al punto de vista de la necesidad de estas designaciones, Barreiro señaló que las mismas “apuntan fundamentalmente a reforzar, mejorar y hacer más eficiente el servicio de recolección y barrido, ante la evidencia de que se constató la falta de funcionarios en el sector. Lo demuestra la cantidad excesiva de horas extras efectuadas por los trabajadores del sector. De acuerdo a planillas de horarios, se comprobó que hay funcionarios que solo tendrían 2 ó 3 horas para dormir cada día. Esto pone en riesgo la propia salud e integridad física de los trabajadores y provoca deficiencias en la calidad del servicio a la ciudadanía”.
“Por eso la medida adoptada, va en defensa de los funcionarios -muchos de los cuales tienen certificaciones médicas por problemas ocasionados por el exceso de trabajo en el sector-, y fundamentalmente en defensa de los derechos de los 130.000 salteños que habitan el departamento, a los cuales nos debemos y cuyos legítimos intereses debemos preservar y servir”, expresó Barreiro.
MÁS DE 30 DÍAS
Al respecto, el intendente Manuel Barreiro explicó que “las necesidades del servicio requieren la contratación a término de funcionarios, por un plazo de algo más de 30 días. Se controlará si con ello se mejora la eficiencia y en la medida que se demuestre que la decisión fue acertada -como así lo consideran las autoridades-, y que permitirá disminuir al límite estrictamente necesario la cantidad de horas extras, continuarán los contratos”.
“La actual Administración no retaceó horas extras a ningún funcionario”, aseveró Barreiro. “Las horas extras solo existen cuando se otorgan, sino no existen, aclaró. Y se seguirán realizando en los feriados y fechas especiales como lo expresan los decretos y reglamentos vigentes, porque así lo ameritan servicios que no pueden interrumpirse”, dijo el intendente. Sobre la movilización de los trabajadores durante la pasada jornada, las autoridades señalaron que “es una medida antirreglamentaria y muy parcial, porque de hecho la mayoría de las dependencias de la Intendencia están funcionando con normalidad”.
En tal sentido, Barreiro “agradeció a los funcionarios que cumplen sus tareas al servicio de la población” y especialmente destacó a la Unidad de Ómnibus donde dijo que “se hizo caso omiso a la invitación que recibieron los funcionarios para detener el servicio de transporte urbano de pasajeros”.
Agregó que la Intendencia “va a aplicar la Ley y comunicará al Ministerio de Trabajo (MTSS) las acciones a tomar en caso de ocupación de sectores de la comuna. Además se está aplicando un servicio de emergencia, reforzado, con la recuperación de las unidades motorizadas de recolección de residuos, de barométrica y de agua potable, que estaban retenidas por el personal”.
La Intendencia “restituye los servicios que corresponde brindar a la población y garantizará el derecho a trabajar de muchos funcionarios cuyo ingreso a sus respectivos puestos les fue impedido, incluso mediante amenazas personales que coartaron la libertad que tiene cada trabajador de desarrollar la tarea por la cual recibe la remuneración que es sustento para su familia”.
Barreiro dijo que “haremos todos los esfuerzos para que los servicios se brinden normalmente. No cortamos el diálogo con la gremial de trabajadores municipales, pero no podemos dialogar en medio de un conflicto, que vuelve a repetirse ahora con argumentos no valederos, cuando hace 48 horas habíamos acordado una solución con ADEOMS”, indicó el intendente.
En tanto, Cecilia Eguiluz reafirmó las expresiones del mandatario en cuanto a que las medidas “no van en contra de los funcionarios”. Agregó que “se les comunicó a los funcionarios que tendrán el descuento correspondiente de los días en que no se presentaron a trabajar”. Dijo también que hubo “abuso de algunas medidas sindicales no comunicadas en tiempo y forma como corresponde legalmente, pero los sindicalistas son los que siguen cobrando el salario completo porque tienen el beneficio de la licencia gremial”.
También expresó que las horas extras “no son el objetivo de las acciones del gobierno. Los análisis internos de otorgamiento de horas extras, de la gestión y de los mecanismos que se utilizarán de acuerdo a los acontecimientos, los utilizará la Administración como corresponde. El objetivo principal es transmitir tranquilidad a la población que se acciona frente a una medida tras otra que viene adoptando el gremio y además afirmando situaciones que son reales”, dijo Eguiluz.
Recordó que el actual gobierno “adquirió recolectoras nuevas, que se aumentaron los salarios de los trabajadores del sector, que les pagan las horas extras dobles atendiendo un reclamo histórico porque antes las cobraban simples, que les pagan el adicional por trabajo insalubre con un sistema transparente y sin embargo no hubo eficiencia en el sector y desde diciembre pasado, se reciben muchas quejas de la población”.
Eguiluz dijo que esta situación “incluso dificultó el servicio de barométrica y de distribución de agua potable porque las unidades están dentro del sector de Recolección y fueron retenidas el fin de semana”, afirmó la jerarca.
Ante el conflicto que la administración de gobierno departamental viene manteniendo con el sindicato ADEOMS, donde hay cruces y miradas de todo tipo, el fuego cruzado no cesa, y en medio de un paro convocado a golpe y porrazo ayer por la mañana por parte del sindicato, las autoridades comunales salieron a dar su versión sobre la situación.
Ayer el intendente Manuel Barreiro, quien estuvo acompañado por la secretaria general de la comuna, Cecilia Eguiluz, la subdirectora de Gestión Humana, Mónica Rodríguez y el asesor legal, Fulvio Gutiérrez, aseveró que la Administración que ahora él encabeza “está decidida a tomar todas las medidas necesarias, dentro de la Constitución de la República”, enfatizando que “no hará nada fuera de la ley”.
Señaló por su parte que “adoptó las medidas destinadas a que la población, que es la que mantiene el funcionamiento de la Intendencia con sus recursos, reciba los servicios adecuadamente”. Lo dijo en conferencia de prensa citada con carácter urgente ayer por la mañana para informar sobre lo que él definió como una “detención de actividades” por parte de funcionarios de la Unidad de Recolección “los que fueron apañados por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS). No se puede hablar de paro laboral porque no siguieron los procedimientos formales y legales, que esto exige como lo es comunicar por escrito la realización de la medida”, agregó el jefe comunal.
Barreiro dijo que el argumento para la movilización de ayer de la gremial era “el nombramiento de nuevos funcionarios zafrales en el área de Recolección y barrido, que según manifestaron directivos de ADEOMS viola un supuesto acuerdo firmado con el exintendente Germán Coutinho, mediante el cual se comprometió a no ingresar más funcionarios”.
“Esto es absolutamente falso”, indicó Barreiro. “No existe documento escrito, ni firmado que diga que no se designarán más funcionarios. Solo un acuerdo que mientras Coutinho estuviese al frente de la Intendencia, no designaría nuevos funcionarios. Actualmente Coutinho ya no es jefe del gobierno departamental y éste intendente”, dijo refiriéndose en primera persona, “asume toda la responsabilidad de los actos y medidas tomadas” en este momento, afirmó. Agregó que desde el punto de vista legal, la designación de nuevos funcionarios es una potestad constitucional que tiene el intendente, tal como lo expresa el Artículo 275 del Capítulo 4º de la Carta Magna.
En cuanto al punto de vista de la necesidad de estas designaciones, Barreiro señaló que las mismas “apuntan fundamentalmente a reforzar, mejorar y hacer más eficiente el servicio de recolección y barrido, ante la evidencia de que se constató la falta de funcionarios en el sector. Lo demuestra la cantidad excesiva de horas extras efectuadas por los trabajadores del sector. De acuerdo a planillas de horarios, se comprobó que hay funcionarios que solo tendrían 2 ó 3 horas para dormir cada día. Esto pone en riesgo la propia salud e integridad física de los trabajadores y provoca deficiencias en la calidad del servicio a la ciudadanía”.
“Por eso la medida adoptada, va en defensa de los funcionarios -muchos de los cuales tienen certificaciones médicas por problemas ocasionados por el exceso de trabajo en el sector-, y fundamentalmente en defensa de los derechos de los 130.000 salteños que habitan el departamento, a los cuales nos debemos y cuyos legítimos intereses debemos preservar y servir”, expresó Barreiro.
MÁS DE 30 DÍAS
Al respecto, el intendente Manuel Barreiro explicó que “las necesidades del servicio requieren la contratación a término de funcionarios, por un plazo de algo más de 30 días. Se controlará si con ello se mejora la eficiencia y en la medida que se demuestre que la decisión fue acertada -como así lo consideran las autoridades-, y que permitirá disminuir al límite estrictamente necesario la cantidad de horas extras, continuarán los contratos”.
“La actual Administración no retaceó horas extras a ningún funcionario”, aseveró Barreiro. “Las horas extras solo existen cuando se otorgan, sino no existen, aclaró. Y se seguirán realizando en los feriados y fechas especiales como lo expresan los decretos y reglamentos vigentes, porque así lo ameritan servicios que no pueden interrumpirse”, dijo el intendente. Sobre la movilización de los trabajadores durante la pasada jornada, las autoridades señalaron que “es una medida antirreglamentaria y muy parcial, porque de hecho la mayoría de las dependencias de la Intendencia están funcionando con normalidad”.
En tal sentido, Barreiro “agradeció a los funcionarios que cumplen sus tareas al servicio de la población” y especialmente destacó a la Unidad de Ómnibus donde dijo que “se hizo caso omiso a la invitación que recibieron los funcionarios para detener el servicio de transporte urbano de pasajeros”.
Agregó que la Intendencia “va a aplicar la Ley y comunicará al Ministerio de Trabajo (MTSS) las acciones a tomar en caso de ocupación de sectores de la comuna. Además se está aplicando un servicio de emergencia, reforzado, con la recuperación de las unidades motorizadas de recolección de residuos, de barométrica y de agua potable, que estaban retenidas por el personal”.
La Intendencia “restituye los servicios que corresponde brindar a la población y garantizará el derecho a trabajar de muchos funcionarios cuyo ingreso a sus respectivos puestos les fue impedido, incluso mediante amenazas personales que coartaron la libertad que tiene cada trabajador de desarrollar la tarea por la cual recibe la remuneración que es sustento para su familia”.
Barreiro dijo que “haremos todos los esfuerzos para que los servicios se brinden normalmente. No cortamos el diálogo con la gremial de trabajadores municipales, pero no podemos dialogar en medio de un conflicto, que vuelve a repetirse ahora con argumentos no valederos, cuando hace 48 horas habíamos acordado una solución con ADEOMS”, indicó el intendente.
En tanto, Cecilia Eguiluz reafirmó las expresiones del mandatario en cuanto a que las medidas “no van en contra de los funcionarios”. Agregó que “se les comunicó a los funcionarios que tendrán el descuento correspondiente de los días en que no se presentaron a trabajar”. Dijo también que hubo “abuso de algunas medidas sindicales no comunicadas en tiempo y forma como corresponde legalmente, pero los sindicalistas son los que siguen cobrando el salario completo porque tienen el beneficio de la licencia gremial”.
También expresó que las horas extras “no son el objetivo de las acciones del gobierno. Los análisis internos de otorgamiento de horas extras, de la gestión y de los mecanismos que se utilizarán de acuerdo a los acontecimientos, los utilizará la Administración como corresponde. El objetivo principal es transmitir tranquilidad a la población que se acciona frente a una medida tras otra que viene adoptando el gremio y además afirmando situaciones que son reales”, dijo Eguiluz.
Recordó que el actual gobierno “adquirió recolectoras nuevas, que se aumentaron los salarios de los trabajadores del sector, que les pagan las horas extras dobles atendiendo un reclamo histórico porque antes las cobraban simples, que les pagan el adicional por trabajo insalubre con un sistema transparente y sin embargo no hubo eficiencia en el sector y desde diciembre pasado, se reciben muchas quejas de la población”.
Eguiluz dijo que esta situación “incluso dificultó el servicio de barométrica y de distribución de agua potable porque las unidades están dentro del sector de Recolección y fueron retenidas el fin de semana”, afirmó la jerarca.
