Pablo Perna durante el anterior gobierno asistió técnicamente a la Junta Departamental de Salto como asesor jurídico. Hoy es edil electo por la Lista 13 del Partido Colorado. EL PUEBLO dialogó con Perna en su doble condición de abogado y de dirigente político sobre la actual situación que se vive en el departamento ante la ola de despidos en la Intendencia municipal resuelta por el intendente Andrés Lima.
– ¿Cómo observa la actual situación que se vive en el departamento?
– Estamos expectantes, más allá de que no nos gusten algunas de las resoluciones que ha tomado, como por ejemplo el hecho de haber prometido que el boleto no se iba a subir y lo subieron a $10, y esa va a ser la primera suba. Consideramos que con este criterio va a seguir subiendo. Indudablemente el tema de los ceses de los 249 funcionarios también es una decisión muy grave, agravado aún más cuando se prometió en plena campaña electoral que no se iba a cesar a los funcionarios, lo dijo el propio Lima en cada discurso en los barrios.
Hace poco más de 30 días que está este gobierno, pero indudablemente ya está dejando mucho que desear con las resoluciones que está tomando. Uno trata de ser cauto al cuestionar a un gobierno que recién empieza…
– De hecho, usted dijo en la Junta Departamental que le iba a dar un año de gracia.
– Sí, porque considero que hay que dejarle un tiempo al gobierno que ingresa para que gobierne, sin críticas, sin cuestionamientos. Pero cuando Lima sostiene en la campaña electoral que no va a mover un solo funcionario por cuestiones políticas y además presenta un proyecto de resolución en la Junta Departamental en el año 2013 a los efectos de que aquellos funcionarios que realizaban actividades con carácter permanente, seguirían permanentes para que tuvieran la seguridad y la certeza jurídica de que no iban a ser movidos por el político que estuviese de turno, luego viene y hace todo lo contrario.
Entonces, esas cosas llevan a que uno actúe de forma activa, no tanto como político sino que en este caso me toca en un rol de asesor jurídico de muchos de los que están hoy cesados. Pero volviendo a la parte política, cuando se dice que los políticos son falsos, que tienen doble discurso, que se acomodan de acuerdo a las circunstancias y ven cómo actúa Lima, la gente tiene razón. Lima desprestigia a la clase política…
– Menos mal que le iba a dar un año de gracia.
– Pero esto es muy grave. Son 249 familias que quedan sin trabajo, de las cuales muchos de esos funcionarios que quedan sin trabajo, a quienes asisto jurídicamente, estaban de licencia por embarazo, por maternidad, madres solteras, personas que son jefe de familia, gente recién operada, la verdad que hay realidades que son muy fuertes. Uno pensaba que la decisión que iba a tomar Lima era la de que iba a cesar a aquellos funcionarios de grados altos, que en su momento tuvieron cargos jerárquicos y que luego pasaron a ser funcionarios con carácter permanente. Bueno, en esas circunstancias podría ser un poco más tolerable la situación, pero no fueron esas situaciones, acá la gran mayoría de personas son grado 3 y 5, son servicios auxiliares, son obreros de oficio, son administrativos con el grado más bajo. Para que se entienda, son funcionarios de los escalafones y grados más bajos.
Lo más grave aún, es que estas personas que son de grados bajos, el único pecado que cometieron es haber integrado una lista del Partido Colorado apoyando a Germán (Coutinho). De todas las personas que estoy asesorando respecto a este tema, todas las de grado 3 –no hablo ni de grados altos ni de punteros políticos como decía Lima- no fueron punteros ni dirigentes políticos, no fueron ediles, simplemente fueron personas que apoyaron porque estaban convencidas políticamente de integrar una agrupación. Y hoy esas personas por haber integrado una lista están afuera.
– ¿Cómo observa la participación del gremio de municipales en esta situación?
– La posición que ha tomado ADEOMS es lamentable, patética y lastimosa. Es verdaderamente vergonzosa la posición que está tomando ADEOMS con respecto a este tema. En otros casos que he tenido como profesional, siempre han criticado que los gremios que apoyan a la patronal son gremios amarillos. Hoy ADEOMS es un gremio amarillo. Mire la incoherencia de ADEOMS, que apoyó cuando fueron despedidos 18 funcionarios de una empresa privada que indudablemente no estaban afiliados a ADEOMS, participaron de movilizaciones por calle Uruguay, participaron en asonadas que me hicieron en la Oficina de Trabajo, asonada similar a la que sufrió Lima, con la diferencia que nosotros no salimos a victimizarnos, pero la asonada que sufrió Lima en la puerta de la Intendencia también la sufrimos nosotros, y era gente de ADEOMS y del PIT CNT.
Por declaraciones de Lima, el propio sindicato fue el que corroboró la lista y marcó este sí, este no. O sea, esto es histórico, ¿dónde un sindicato negocia despidos? El principio de la negociación sindical, y esto lo digo con propiedad porque he tenido varias instancias en la DINATRA porque represento a varias empresas y negocio con varios sindicatos, nunca se negocia despidos, es el principio sindical. Pero en cambio acá, este sindicato de ADEOMS no solo negoció despidos, sino que estableció dentro de una lista quiénes se iban y quiénes quedaban, lo que es una posición fascista y aberrante.
– Desde el punto de vista técnico, ¿se trata de despidos, ceses o suspensiones?
– La resolución por la que dejan cesantes o suspendidos a 249 funcionarios a nuestro entender, desde el punto de vista técnico, es sumamente desprolija en varios aspectos. Por un lado, establece que suspenden en forma definitiva cualquiera sea el vínculo contractual que tenga el funcionario con la administración…
– ¿Eso es habilitado por el artículo 18 del Decreto Presupuestal modificado en junio pasado?
– Bueno, otra de las aberraciones de esta resolución es que no tiene fundamento jurídico. Esa resolución que suspende a los funcionarios, que es un acto administrativo firme y definitivo, luego en su artículo 3 da vista. ¿Pero cómo va a dar vista de algo que ya es una resolución tomada? Las vistas se otorgan previo al acto administrativo que puede lesionar los derechos de un funcionario, le da vista para informarle, “mire señor funcionario que lo voy a suspender, le doy un plazo para que usted se defienda antes de tomar la decisión”. Acá no, acá toma la decisión, suspende y después le da vista. Es algo totalmente incoherente. Entonces, ¿qué se hace ante esta incoherencia de la resolución? ¿Se recurre o se evacúa vista? Si se recurre tengo diez días corridos, y si es una vista son diez días hábiles. Ahora, acá hay un acto administrativo firme que es la suspensión.
A la vez, otra aberración es el tema de las licencias. Dice que si usted no gozó de licencias del año 2014, usted gócela a partir de que está suspendido y después que la goce, veremos si lo echamos o no. Es algo ridículo. Si a usted lo están cesando de su lugar de trabajo, a usted le tienen que hacer la liquidación por egreso. Si usted tiene licencia del 2014, del 2013 o del 2012 sin gozar y a usted lo cesan, usted tiene que cobrar todas esas licencias, porque es la liquidación por egreso y el correspondiente salario vacacional y el aguinaldo generado. Por lo tanto esta resolución es verdaderamente confusa, tiene cuestiones jurídicas de dudosa legalidad, lo cual prácticamente la vista o el recurso que estaremos planteando, va a ir justamente encaminado a que aclaren qué es lo que quisieron hacer o decir.
– El gobierno sostiene que se basa en la modificación del artículo 18 del Decreto Presupuestal, ¿esto habilita al intendente a cesar a todo aquel funcionario que no ingresó a la Intendencia por sorteo o concurso?
– Lima dijo que los ceses se producían por dos motivos, uno era el económico y otro era netamente político, porque iba a sacar a punteros y a dirigentes políticos, a personas que eran ediles que renunciaron a la Junta para ir a la Intendencia. De esos dos motivos que dijo Lima, únicamente dejó sentado uno, que es la parte económica, no dejó sentado la parte política, porque él sabe como abogado que no se puede despedir a un funcionario por cuestiones políticas porque los funcionarios se deben a la función y no a un partido político, es ilegal, arbitrario, por eso no lo dejó plasmado.
Otra cosa, tampoco dejó plasmado si suspendía o cesaba, porque no se sabe qué quiso decir desde el punto de vista legal, porque es confusa la redacción. Tampoco establece fundamento jurídico, por lo tanto el artículo 18 que tanto se discutió y se lo puso como condición para la aprobación del préstamo de mil millones de pesos, no lo fundamentó por esa resolución, no existe ese artículo. Por lo tanto, no podemos presentar un cuestionamiento jurídico a ese artículo cuando está cesando o suspendiendo vaya a saber en qué fundamento jurídico porque no lo establecieron. Esto es otra de las faltas graves que tiene esta resolución. Quiero pensar que ha sido una estrategia de los técnicos que redactaron esta resolución, haciéndola confusa adrede justamente para confundir.
– ¿Cabe la posibilidad que quienes fueron suspendidos o cesados retornen a la Intendencia de alguna forma?
– Mire, la resolución es tan patética y confusa, que uno lamentablemente se debería basar únicamente de lo que surge de la resolución. Una primera sensación que da la resolución es que están todos cesados y que van a seguir cesando, esto es un primer muestreo. Ahora, de acuerdo a versiones que ha dicho Lima en los diferentes medios de comunicación, parece que retomarían a personas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esta administración? La verdad que desconocemos por la incoherencia que ha mantenido durante este tiempo. Yo no les creo absolutamente nada, porque también nos consta que muchos directores de la actual administración están diciendo a muchos que hoy están cesados que no vayan a la carpa, que no hagan movilizaciones por calle Uruguay, que no se muestren porque lo van a volver a contratar. Eso aparte de un chantaje, es también una manipulación.
Lo que logran con esto es que pasen los plazos para que no recurran o para que no evacúen la vista y luego el que no recurre y accione en tiempo y forma queda reconociendo tácitamente el acto administrativo y sin defensa.