La Intendencia Municipal de Colonia detectó un fraude millonario que tenía como eje la expedición de licencias de conducir. El lunes 13 de junio la Justicia ya había procesado dos funcionarios municipales de Colonia y un gestor de Montevideo, quienes habían sido encarcelados.
Ayer viernes, según informó el diario El País, ya eran ocho los procesados y la estafa llega a 10 millones y medio de pesos, aunque se estima que el monto final puede ser aún mayor.
La investigación continúa y la jueza letrada de Colonia, Beatriz Larrieu, sigue analizando información.
El Espectador dialogó con el intendente de Colonia, Walter Zimmer, quien explicó cómo se inició esta investigación interna y su derivación a la Justicia.
«Hace tiempo que se habla de la sección Tránsito pero pasa que la gente que tiene algún dato, igual que cuando pasó el tema de la falta de combustible en la Dirección de Obras, no se presta de testigo», relató el intendente, «yo pude hacerme de fotos y filmaciones en octubre de 2010 y juntamos esas pruebas e hicimos la denuncia en Automotores de la Intendencia de Montevideo para que ellos iniciaran la investigación y nos mantuvieran informados dada la experiencia que poseen».
En el juzgado al intendente le pidieron discreción y lo fueron informando periódicamente. La Intendencia decidió hacer la denuncia en Montevideo porque ahí está la Dirección de Investigación de Automotores, que tiene experiencia en el tema, relató el jerarca.
La dependencia policial de Automotores comenzó a recabar datos y a investigar, y luego se puso en contacto con el juzgado letrado coloniense.
«A partir de ese momento paso lo que pasó, los procesamientos y ahora se siguen las investigaciones. El tema es que yo ahora no quiero entrometerme porque está en pleno proceso de investigación», sostuvo Zimmer, el cual agregó que «dentro del dolor que le causa a uno descubrir estas situaciones» está la «satisfacción de haber descubierto a un grupo de funcionarios que, en poco volumen, involucran a toda una administración».
Consultado sobre como está funcionando la Dirección Municipal de Tránsito, mientras la investigación judicial sigue en marcha y cada día se descubre un nuevo funcionario involucrado en esta maniobra de corrupción, el jefe comunal declaró lo siguiente:
«En este momento la Dirección de Tránsito funciona a medias con el personal remanente hemos clausurado la oficina. Estamos trabajando en conjunto con la Policía y con el resto de los inspectores no involucrados. Obviamente que más allá de los esfuerzos, está resentido el control de tránsito por razones obvias», sentenció Zimmer. El jefe comunal hizo hincapié en que él no ha querido entorpecer la investigación judicial y comentó que se sorprendió al enterarse de algunos funcionarios involucrados en estas maniobras fraudulentas con las libretas de conducir.
«Yo tenía la confianza de un intendente a un funcionario pero, sabiendo que había problemas, en algunas personas me sorprendió y en otras no», sostuvo.
Zimmer aclaró que esto no tiene por qué empañar su empeño por lograr una patente única. Es más, dijo que lo que demuestra es que es una administración que pretende ir «hasta el hueso» a la hora de investigar a sus funcionarios, si han incurrido en delitos.
Para conocer en profundidad cómo se ha desarrollado el proceso judicial de este caso de corrupción en la Intendencia de Colonia, El Espectador dialogó con la jueza del caso, Beatriz Larrieu.
La magistrada comenzó haciendo una aclaración: no se tipificó un delito de estafa ni de fraude, sino de cohecho simple.
«Lo que se ha aprobado es que algunos funcionarios recibían retribución extra por esta tarea irregular. Por facilitar los trámites tenían retribuciones extra. Algunos hicieron esto por mas tiempo que otros», relató la magistrada. El viernes 10 de junio los investigadores detuvieron a un gestor montevideano, a uno de sus beneficiarios y su acompañante, y a dos funcionarios municipales. Los investigadores se hicieron de algunas evidencias de que se habían vendido ilegalmente 1.500 libretas de conducir (algunas, a discapacitados). El diario El País informó que según consta en los autos de procesamiento, los interesados debían pagar 7.000 pesos para hacerse de ese documento. Se estima que hasta ahora el monto supera los 10.500.000 pesos. Los gestores contactaban a los interesados de Montevideo con los funcionarios corruptos, y les facilitaban trámites como constancia de domicilio en Colonia. Larrieu continuó explicando el rol de estos intermediarios poco escrupulosos. «Las personas que hacían el contacto y traían a esta gente de Montevideo cobraban una retribución. Lo que se pagaba abarcaba todo. De todas maneras la prueba que tenemos hasta ahora nos da que las personas pagaban el trámite. Además le daban algo al funcionario». La magistrada coloniense dijo que aún tiene mucho por investigar y presume que pueden seguir cayendo responsables procesados. Lo descubierto parece ser sólo la punta del iceberg.
