Invitado por la Casa Bertol Brecth, el abogado penalista chileno, Álvaro Esteban Castro, estuvo en Salto, donde brindó una interesante conferencia sobre sistema penal juvenil en la sede Salto de la Universidad de la República. Castro, quien estará hoy en una actividad similar en el Palacio Legislativo en Montevideo, es egresado de la Universidad Diego Portales de Santiago, cuenta además con un doctorado en Derecho por la Universidad Ernst- Mortitz- Arndt- Greifswald en Alemania y otro en Justicia Penal Internacional en la Universidad Nacional de Irlanda en Galway.
Además, es Magister en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales de Chile.
Castro quien se dedica a la docencia universitaria en Derecho Penal Juvenil, en Ejecución de sanciones penales adolescentes y adultos, Criminología y Derecho Penal, es investigador del Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, además de tener varios títulos y actividades académicas, con distintas publicaciones.
El abogado trasandino habló de que en Chile, las sanciones que más se aplican a los jóvenes infractores son las medidas alternativas y aseguró que solamente un 10 por ciento de las penas son las medidas privativas de libertad. Aunque asimismo, dijo que presentan problemas con la puesta en marcha del sistema penal juvenil, porque “hubo algunos problemas con los delegados, que son las personas que se encargan de la libertad vigilada y por eso tenemos que seguir trabajando en cursos de capacitaciones, aunque no todos los jueces están capacitados y entienden en lógicas del derecho penal juvenil moderno”.
Con respecto a los recursos con los que cuentan en Chile para trabajar en políticas públicas relacionadas con el derecho penal juvenil, Castro dijo que “tenemos dentro de la defensoría penal pública una unidad especializada, que si bien trabaja con mucho entusiasmo, no cuenta con los recursos suficientes. Aunque existen muchos desafíos como el de respetar la dignidad de los jóvenes en los casos que deben sufrir las medidas privativas de libertad”.
El destacado penalista afirmó que en su país, una de las cosas que fueron claves para tratar de mejorar esta situación de respuesta estatal a la sanción penal juvenil, fue la de dotar de infraestructura los centros de detención. Pero dijo que hacen falta funcionarios que estén bien remunerados y preparados para cumplir su función.
“Tenemos experiencias positivas pero siempre faltan cosas aunque estamos trabajando en eso”, dijo el abogado chileno Álvaro Castro Morales, quien fue abordado por EL PUEBLO.
-Los sistemas de responsabilidad penal juvenil como el de Uruguay, que está basado en la privación de libertad de los adolescentes infractores jóvenes por la comisión de delitos, ¿qué efectos y consecuencias pueden llegar a tener en esos jóvenes?
-Hay estudios que se han realizado en el marco de la criminología y que explican qué es lo que les pasa a las personas que han sido privadas de libertad, donde los síntomas que las personas sienten son los de depresión, estrés, una sensación permanente de riesgo, que en el caso de los adolescentes se hace aún más profunda. Con respecto a la vulnerabilidad que tienen los adolescentes, es que cuando ingresan al sistema, el solo hecho del ingreso genera aspectos negativos que hay que tratar de disminuir al máximo, como por ejemplo, el de la estigmatización. Porque no olvidemos que estamos sacando al adolescente de su vida cotidiana, de su barrio, además lo desprendemos de los amigos, y aquí hay teorías que dicen que las personas terminan comportándose tal como las tratan. Si hay personas a las que las tratan por un período de tiempo importante como a un delincuente, se van a comportar como un delincuente. Está la teoría del etiquetamiento. Tenemos que tener cuidado cuando el adolescente ingresa al sistema y si ingresa hay que tener un máximo de resguardo y que esté el menor tiempo posible sometido al proceso y así tratar de buscar salidas alternativas, porque si cometió una sanción tiene que haber una respuesta. Lo otro que también demuestran los estudios criminológicos es que las sanciones que son breves, ejercidas fuera de los sistemas y que tengan cortes multidisciplinarios y una visión preventiva, orientadora, reintegrativa, tienen mucho más efectos que las sanciones clásicas del sistema penal. Todo ese cúmulo de información nos hace llegar a la conclusión de que tenemos que tener un trato especial con los adolescentes y hacerlo posible dentro del sistema para que esto se pueda materializar.
-En Uruguay se dio una discusión por la baja de edad de imputabilidad y si bien no se aprobó la medida, hubo un aviso importante de la sociedad al gobierno, de que algo está funcionando mal en el sistema de rehabilitación de los jóvenes infractores. ¿Esa clase de manifestación de la sociedad puede traducirse como una crítica al Estado para que no siga reproduciendo jóvenes infractores a través de sus políticas?
-Totalmente, acá hay que tener claro que estamos frente a un grupo muy importante y hay que hacer una inversión y hay que tener un trato especial porque los jóvenes son el futuro de nuestros países y tenemos que tener claro que el sistema penal funciona pero solo para los casos más graves. Hay que buscar otras alternativas y otras sanciones, pero en esto la experiencia comparada te demuestra que sí funciona y que eso es exitoso. Por otra parte, la pena privativa de libertad, no socializa. Lamentablemente las cárceles juveniles en nuestro continente presentan muchos problemas donde campean los tratos inhumanos y degradantes e incluso la tortura no son la excepción y en un contexto así, hablar de socialización es muy difícil.
-¿Debe haber formación específica para los funcionarios de este tipo de institutos y de qué clase de formación estamos hablando?
-Claro que debe haber formación específica en el tratamiento de los adolescentes privados de libertad, porque hay que tomar en cuenta que esto es una política pública, que tiene que tener varias dimensiones para que sea exitosa. Lo primero que necesitamos, es que las mismas estén amparadas bajo un paraguas legal donde se pueda establecer una normativa que sea moderna y que rija los principios de la Convención de los Derechos del Niño, los estándares internacionales en materia de adolescentes, con esto me refiero a las reglas de Beijing, a la reglas de Tokio, a las de La Habana para los privados de libertad. Es decir, un cúmulo de estándares y de recomendaciones claras y precisas para los estados que dicen cuáles deberían ser las características del sistema penal juvenil. Los estados no tienen que inventar la rueda, las directrices están bastante claras y además estas directrices se apoyan en recomendaciones criminológicas, no son recomendaciones formuladas al aire, sino que tienen un sustento empírico y claro. Entonces debe haber una legislación que se adecúe a los principios internacionales de los derechos humanos. Pero también precisamos infraestructura, necesitamos que los centros tengan infraestructura adecuada, pero con esto me refiero no solo a los que van a trabajar con los penados, sino también a la Policía, a los defensores, a los fiscales y a los jueces. Y lo otro, es que esto no es un problema solo del sistema penal, sino que también es un tema de la comunidad, porque ésta tiene que trabajar en estos temas y debe haber un vínculo entre las instituciones del sistema penal y las instituciones sociales, las cuales deben tener un protagonismo en este tema. Aunque también debe haber control y para esto precisamos jueces de ejecución en los casos de adolescentes que no quieran cumplir estas medidas ambulatorias, pues bien, se les declara el quebrantamiento y se les aplica la sanción que procesa en estos aspectos. Si no fiscalizamos que los adolescentes cumplan esto, se van a deslegitimar estas sanciones alternativas y es justamente lo que tenemos que evitar.
Entrevista de Hugo Lemos
