Eliminar la presentación de todas las constancias y que el ciudadano no tenga que buscar en cajones documentos como la jura de la bandera o la certificación de que votó en determinadas elecciones.
Esa es una de las apuestas del gobierno para lograr agilidad y evitar procesos engorrosos partiendo de la base de que toda esa información el Estado ya la tiene y es inútil que se la pida cada vez a las personas para realizar un trámite.
Se trata de cambiar el eje de la responsabilidad. Saber que tal persona juró o no la bandera es problema del gobierno y no del individuo y dejará de ser necesario presentar esos documentos. Para dar el paso, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley de administración pública electrónica que incluirá esos avances y, a su vez, dará validez legal para habilitar la realización de trámites 100% electrónicos. «El Estado tiene la obligación de no solicitar información a la ciudadanía que puede intercambiar entre sí mismo. El derecho básico de la ciudadanía es acceder a la administración pública en forma electrónica», dijo a El Observador José Clastornik, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic).
Documentación como la partida de nacimiento, constancias de estar al día con tal o cual impuesto, la jura de la bandera y todo ese tipo de certificaciones ya no deberán ser guardadas sabiendo que ante el trámite más insólito alguna oficina estatal lo solicitará. «Eliminar la necesidad de presentar constancia. Ese es el objetivo», resumió el jerarca. Para ello, todo el Estado deberá fortalecer los mecanismos de intercambio de información a través de una red única y en eso está trabajando Agesic.
100% electrónico
El diagnóstico oficial es que el país logró avances para digitalizar el acceso a trámites pero aún está en el debe en lograr procesos que sean 100% electrónicos. Es que en la gran mayoría de los casos hay acciones que comienzan a través de internet pero finalizan con un fax o con la notificación de un escribano para dar por culminado el trámite.
Ese es otro de los aspectos que el gobierno aspira a cambiar. El proyecto de ley le dará valor legal a las notificaciones electrónicas con el argumento de que se gana en agilidad y se ahorran costos.
El objetivo trazado para este período de gobierno es lograr que el celular sea una herramienta que permita iniciar trámites en el Estado. «Me preocupa más avanzar para que los trámites estén disponibles en un celular y generar accesibilidad por ese medio. Hay una decisión tomada de hacerlo en el quinquenio», sostuvo Clastornik con el argumento que es el medio más utilizado por los uruguayos. De todos modos, los aparatos de los ciudadanos deberán contar con acceso a Internet.
